Los avances en la legislación argentina respecto de los derechos de las mujeres son muy importantes, y Dora Barrancos los expone en su trabajo “Mujeres: Los nuevos Derechos y los que aguardan”, del Libro Las Conquistas de las Mujeres en los 30 años de Democracia pags. 135 a 141.

“A treinta años de la democracia, resultan innegables los avances de las prerrogativas de las mujeres, aunque queda todavía mucho que hacer para conquistar la completa ciudadanía. Las reformas a las que se asistieron en estas décadas fueron posibles gracias a la agitación de las feministas, a su participación directa en los escaños legislativos, y desde luego a los aliados de buena voluntad – varones y mujeres- que contribuyeron a conmover en buena medida los cimientos del orden patriarcal. Reformas fundamentales para la vida de las mujeres ya en democracia, fueron la obtención del divorcio vincular en 1987, y la ley de la patria potestad compartida, sancionada en 1985. No puede dudarse del impacto de estas decisiones en el camino de la independencia femenina, y vale la pena demorarse en ambas normativas. Después de algunas tentativas (1902, 1932) el divorcio vincular fue conquistado en 1954, y entre las drásticas transformaciones que siguieron al derrocamiento del General Juan Perón se encuentra la suspensión “sine die” de la ley, una circunstancia debida a la influencia ejercida por los poderes eclesiásticos durante la denominada Revolución Libertadora. La “patria potestad compartida” también tiene en nuestro país una historia de avances y retrocesos. Debe recordarse que la norma, que facultaba a ambos progenitores en materia de potestades tutoriales, fue incorporada a la Constitución de 1949, y también a la caída del régimen peronista, la nueva Convención Constituyente que efectuó la reforma de 1957, por imperativo de los sectores más conservadores repuso la regla que otorgaba al padre la exclusividad de la autoridad sobre los hijos menores de edad.

En 1974, nuevamente bajo el peronismo, se sancionó la ley que devolvía a la madre los mismos derechos que el padre, pero esta vez fue María Estela Martínez de Perón, al frente de la Presidencia por la muerte del Gral. Perón, quien vetó la ley, y no puede dejar de verse el influjo más reaccionario en esta medida.

La reforma constitucional de 1994 posibilitó que un conjunto de derechos igualitarios estuviera garantizado, y aunque estamos lejos de su entero cumplimiento, representan avances muy importantes. El artículo 37 introdujo la reforma del “cupo femenino”, al que me referiré especialmente; el art. 75 faculta la gestación de normas que posibiliten la igualdad de oportunidades en las familias, y el art. 23 sostiene que la Cámara de Diputados puede crear mecanismos de “acción positiva” para promover a las mujeres.

Esto significa que se pueden sancionar medidas legales que contribuyan a la equidad de género, “discriminando positivamente” a las mujeres toda vez que se advierte que es incompleta su ciudadanía ya que no se cumple la universalidad prescripta por la ley. Otra modificación de enorme importancia en la Constitución que nos rige desde 1994 es la incorporación de la Convención contra todas las Formas de Discriminación de las Mujeres de Naciones Unidas (CEDAW, por su sigla en inglés). Un vasto número de artículos que se refieren a dimensiones cívicas, civiles y sociales, al derecho a la participación política y social, a la educación, a la salud, en suma a la promoción de la autonomía, deberían ser eficaces contra la discriminación. El Protocolo Facultativo, esto es el instrumento que permite la interpelación efectiva de la Convención, fue firmado bastante más tarde – en 2006 – debido a las reticencias interpuestas, una vez más, por los segmentos más conservadores, alegando que la protección de la libre determinación de las mujeres – sobre todo en alusión a la cuestión de la salud corporal-, podían introducir de inmediato la despenalización del aborto.

En 1997, fue sancionada la ley que permite la incorporación de las amas de casa al sistema previsional – y de hecho es relativamente más importante el número de mujeres que han accedido en estos últimos años al derecho jubilatorio. En 1998, se estableció la norma que considera discriminatorio el despido por razones de sexo u orientación sexual, y vio la luz el decreto que fijó el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres, base para la acción de la Comisión Tripartita – Estado, sindicatos y patronales – con sede en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuyo cometido es propender a la equidad de género en el mercado laboral.

Me detendré en el aumento de la ciudadanía femenina que entraña la ya introducida “ley de cupo”, que sancionó un mínimo de 30% de participación de mujeres en los cargos de representación política. Esta circunstancia colocó a la Argentina en una situación singular en el cuadro internacional y su emulación agitó a las feministas en diversas latitudes. Seguramente sin la acción que desplegó la Red de Feministas Políticas – que vinculaba a un amplio número de militantes de diversos partidos políticos -, y sin la convicción con que actuaron diversos agrupamientos feministas y el propio Consejo Nacional de la Mujer, los proyectos presentados hubieron quedado sin resolución. La norma indica que ese piso del 30% debe contemplar las candidaturas femeninas en lugares expectables. En estas décadas el número de legisladoras se ha ampliado hasta por encima de la tasa fijada, y a pesar de que no han faltado críticas a las manipulaciones del cupo por parte de maridos, amantes, padres y otros varones protectores – como si se tratara de condicionantes que sólo padecen las mujeres-, cada vez más se confirma lo acertado de la medida. Sin duda, la ley de cupo – o de cuotas, como se prefiere enunciar en la región latinoamericana -, ha permitido conformar “carreras políticas”, especialmente dificultosas para las mujeres debido al régimen generizado que condiciona el empleo del tiempo y la división de esferas (Barrancos, 2012) Exámenes más recientes de las contribuciones efectuadas por las mujeres, permiten sostener la hipótesis de que su voto ha sido decisivo en la ampliación de derechos, que su determinación ha permitido la ampliación de las prerrogativas civiles y que en general, han acentuado las posibilidades de ampliar la ciudadanía (Archenti y Tula, 2012). Algunos países han avanzado más y han sancionado la paridad en la participación de las postulaciones, tal es el caso de Costa Rica y de Bolivia, aunque en ambos todavía subsisten las dificultades para implementar la medida. Debe decirse que en igual sentido ha legislado la provincia de Córdoba, poniéndose al frente del derrotero de la paridad en nuestro medio.

A fines del 2012, se modificó sustancialmente la ley que combate la trata, una forma irradiada en nuestro medio – fenómeno que se vivió especialmente a inicios del siglo pasado – y que necesita urgente erradicación. La trata con fines de reducción sexual recrudeció, en diversos lugares del mundo, debido a las enormes transformaciones mundiales de la segunda mitad del siglo XX. Recordaré que Naciones Unidas realizó en 2002 una Convención especial, denominada Convención de Palermo para enfrentar el flagelo de la trata, especialmente de la concerniente a niños y mujeres. Nuestro país sancionó una primera ley en 2008 y exhibió graves defectos conceptuales, de ahí que se volviera con una nueva ley, la nº 26.842 sancionada en diciembre de 2012 que todavía debe ser debidamente reglamentada. Es necesario reconocer la lucha emprendida por Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles (Marita) Verón, secuestrada en 2002 en Tucumán por tratantes a quienes se absolvió en un primer juzgamiento, que azoró por su discrecionalidad. En el 2013 la incalificable actuación judicial fue revisada, y en la actualidad se encuentran detenidos los principales protagonistas del secuestro, pero Marita continúa desparecida como muchas otras jóvenes víctimas de la trata con fines de explotación sexual, aunque no deja de ser alentador que hayan aumentado los casos de liberación de las sometidas.

Una conquista fundamental ha sido la ley 26.485, de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales”, de marzo del 2009 que fue reglamentada a través de la consulta dirigida por el Consejo Nacional de las Mujeres, organismo encargado de la aplicación. Un primer antecedente fue la ley 24.417 de 1994, pero se refería de modo restricto a la “violencia familiar” y por lo tanto no contemplaba el ancho arco societal de la interacción humana. Fue en junio de ese año que los representantes de la OEA, reunidos en Belém do Pará, firmaron la Convención que lleva ese nombre, con el objeto de “prevenir, sancionar y erradicar” todas las formas de violencia contra las mujeres. La ratificación de esa singular iniciativa por parte de la Argentina ocurrió en 1996, y fue la agencia por los derechos femeninos en nuestro país la que actuó de modo denodado para que la Convención no sólo fuera ratificada sino que se sancionara una ley que determinara las características de la violencia, originada en el marco simbólico de las relaciones jerarquizadas patriarcales. Se impone manifestar que al momento de recuperación de la democracia el feminismo había subrayado la dimensión doméstica de la violencia, para ampliar luego el cauce interpretativo de la agresión perpetrada en todas las áreas de la vida social. En estas tres décadas se ha avanzado en servicios públicos de atención a las víctimas, tales como el Programa las Víctimas contra las Violencias, el servicio de atención integral a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación – aunque estas iniciativas sólo actúan en el área capitalina -, las diversas líneas de atención dispuestas en diversos lugares del interior del país (Carbajal, 2014).

Entre las últimas conquistas se encuentra la ley 26.862 conocida como de “fertilidad asistida” de 2013, un importante avance de nuestra legislación en pro de la equidad. Para quienes desean la maternidad – y la paternidad-, y resulta una imposibilidad cumplir ese deseo a través del intercambio sexual, la ley lo hace posible mediante el acceso a técnicas de reproducción. Se trata de una medida claramente redistributiva pues los efectores de salud deben cubrir los costos de las intervenciones. Hasta la sanción de la ley, se trataba de transacciones onerosas para los sectores de menores recursos que en verdad estaban impedidos de ese derecho.

Otra modificación de enorme significado ocurrió en noviembre de 2012 con la reforma del artículo 80 del Código Penal dando lugar a la figura del “feminicidio” – tal sería el concepto más correcto (Lagarde, 2008) -, aunque este no sea el régimen lexical expreso empleado por la ley 26.791. Esta norma introdujo la pena de reclusión o prisión perpetua para quien mata a un ascendiente, descendiente, cónyuge “o a la persona con quien se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja, mediare o no violencia”. Se incluye en el inciso 4º como aspectos nuevos de la motivación del crimen, el “odio de género, o a la orientación sexual, identidad de género o a su expresión”. Y los incisos 11º y 12º aluden a la perpetración del crimen por parte de un hombre como modo ultimador de violencia de género, en cuyo caso la reclusión es perpetua, y se alude al “propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o se ha mantenido” una relación de pareja. La nueva ley modificatoria del Código Penal elimina la posibilidad de que los jueces hagan lugar a “circunstancias extraordinarias”, mitigadoras de la pena que se mantiene entonces en sus términos máximos. Para algunos grupos feministas en el mundo subrayar las penas para los crímenes contra las mujeres “por el hecho de ser mujer” ha sido controversial porque, sostienen, podrían crear las condiciones contrarias a la igualdad de derechos, de modo tal que su postura es que hay que evitar la sobrevaluación de la condición femenina. Es una perspectiva que no debe desecharse, pero lo cierto es que las fórmulas patriarcales con que la justicia trata los crímenes cometidos contra las mujeres, han tendido a proteger a los victimarios, aliviando generalmente su culpabilidad con elementos paliativos. La justicia conlleva la cosmovisión de que debe ser reducida la responsabilidad delictual cuando median celos, desatención, negligencia y otra suerte de conductas que sólo revelan el carácter privilegiado patrimonial reservado a los varones. La modificación de la ley penal había sido antecedida por otras medidas, en particular la modificación de la figura de delitos “contra la honestidad” de la mujer, transformada por la de delitos contra la “integridad sexual”, un cambio que no es apenas de nomenclatura.

Debemos celebrar dos nuevos derechos que tienen significado para todos los géneros: el matrimonio igualitario Ley 26.618 del 2010 y la ley de identidad de género N° 26.743 del 2011. Las identidades homosexuales, lésbicas, travestis, transsexuales, transgéneros, intergéneros, obligaron a escudriñar la falta de reconocimiento y de ciudadanía, un castigo que se infringía en nombre de una prescripción moral que ha querido ligarse a la biología, como si la “naturaleza” pudiera dictar los códigos valorativos humanos. Para quienes hablan en su nombre, señalando lo normal y lo patológico, debe recordárseles que la naturaleza no dicta normas éticas, y que estas son producidas por la acción humana, por la cultura. El respeto a los contratos que hacen seres libres con otros seres igualmente libres para forjar convivencia, y los sentimientos que entrelazan a personas de diferente o del mismo sexo, bastan como base de un nuevo derecho de “familia”. Asistimos a un tembladeral de este concepto y conviene usar el plural “familias”, ya que está en plena crisis el modelo nuclear conyugal heterosexual que adoptó de modo hegemónico el orden burgués. La igualdad humana supone el reconocimiento de las diferencias, condición esencial para una sociedad democrática que no se concibe sin el más completo respeto a la diversidad. Subrayamos la excepcionalidad de nuestro país en materia de reconocimiento del género que las personas invocan. Aunque había algunos antecedentes en otras latitudes, la ley de identidad de género sancionada en la Argentina se asimila a los Principios de Gogyakarta adoptados en 2007 por un amplio número de representantes de muy diversas latitudes, y es singular por la simplicidad y contundencia de su articulado basado en la concepción regente de la “autopercepción de género”.